En la Ley de Finanzas 2014, que entró en vigor en enero, predominan las medidas proteccionistas de la industria local. Entre las que más afectan a los intereses españoles: las restricciones a la importación de automóviles, la liberalización de las importaciones de siderúrgicos de países terceros, equiparándolos con la UE, las tasas a la exportación de cuero y la prohibición de exportación de chatarras ferrosas.